“K., S. G. c/ K., J. L.”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, sentencia del 02/02/1981:

La cuota alimentaria debe ser proporcionada al nivel económico del progenitor y ante la ausencia de una prueba concluyente acerca de sus ingresos, corresponde tener en cuenta la que emana de presunciones fundadas en hechos reales y probados en la causa que permitan llegar a una conclusión al respecto.

En el caso, se acreditó qué el alimentante es médico y propietario de un automotor último modelo, como también que la madre que ejerce la tenencia del menor compensa su obligación alimentaria brindándole mayor cuidado, máxime teniendo en cuenta que la menor padece de diabetes y requiere constante atención médica.


“Saslavsky Martha L. c/ Ministerio de Salud y Acción Social y otros”, Camara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, Sala II, sentencia del 31/7/2000:

Este fallo dispuso que acreditada la falta de recursos del amparista, el suministro gratuito de insulina debe estar a cargo de las distintas jurisdicciones provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no del Estado Nacional, ello dada nuestra organización federal. Sin embargo –a nuestro entender– la decisión es errónea, habida cuenta lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación” (sentencia del 1/6/00, Fallos: 323:1339); y en "Campodónico de Beviacqua, Ana C. c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación" (sentencia del 24 de octubre de 2000, "El Derecho" Suplemento de Derecho Constitucional del 24/11/00, p. 1).

En efecto, tanto en el primer caso (lucha contra el Sida), como en el segundo (provisión de un medicamento a un menor con un padecimiento grave en su médula ósea que disminuía sus defensas inmunológicas), la Corte Suprema destacó la preeminencia sustantiva del derecho a la salud y la prioridad que tiene en todo momento el suministro de remedios cuando se encuentra en juego la vida de una persona, desestimando argumentos "territorialistas" que intentaban desplazar la responsabilidad del Estado Nacional en materia sanitaria para colocarla con exclusividad en manos de las jurisdicciones locales.


“Braguinsky, Maria Cecilia c. Obra Social del Poder Judicial de La Nación s/amparo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, sentencia del 07/06/2011:

Aquí se estableció que el Programa Médico Obligatorio fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales y entes de medicina prepaga deben garantizar y no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir.
Sobre esa base, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia (que había rechazado la demanda de la amparista afectada de diabetes tipo 1) y ordenó a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a que, en el plazo de cinco días de notificada la sentencia, otorgue cobertura del 100% de su costo respecto de las tiras reactivas que indica el médico tratante, en el caso a razón de cuatro mediciones diarias.


“A., J. E. c/ IOMA, Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, sentencia del 24/10/2001:

En el caso el amparista padece diabetes tipo 1 desde el año 1991 y atento su edad actual -27 años- y el esfuerzo que le demanda trabajar en razón de su enfermedad, sufre variaciones importantes de glucemia, por lo que resulta imprescindible de acuerdo a criterio médico la aplicación de "humalog lispro" (2 aplicaciones diarias), que posee efecto de acción ultrarrápida ante tales variaciones de glucemia, lo que no ocurre con la "insulina humana" cuya cobertura ofrece la obra social a la que se encuentra afiliado, "Instituto de Obra Médico Asistencial, IOMA". La acción de amparo fue favorablemente acogida pues –se sostuvo– juegan en la especie, por un lado, el derecho legítimo y constitucional de un paciente capaz de discernir libremente a recibir el tratamiento indicado por su médico tratante cuando el mismo se halla solventado por criterios de racionalidad médica y, por otro, el principio de justicia que impide supeditar el derecho a la salud del ciudadano a consideraciones de mercado o de tinte meramente economicistas.
En este contexto, el Tribunal entendió que la denegación por parte de IOMA de la medicación "Humalog Lispro", que, por lo demás, era de similar costo a la que ofrecía la cobertura, adolece de arbitrariedad manifiesta y dispuso ordenar a IOMA brindar íntegra cobertura de la insulina mencionada en razón de dos aplicaciones diarias, de acuerdo a criterio de su médico tratante.


“V., D.N. c/ OSDE s/ Amparo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, sentencia del 12/07/2011:

La amparista es una mujer de 46 años de edad que padece diabetes tipo 1 y ha iniciado acción de amparo contra OSDE debido a que ésta se niega a suministrarle la bomba de insulina “Paradigma Veo 554/754″ que le fue prescripta por la médica especialista. OSDE invoca que la bomba de insulina que ofreció, modelo “Paradigma 715″, satisface los requerimientos de la peticionaria conforme a la evaluación de la Auditoría Médica de su parte.

La Cámara hace lugar al reclamo, considerando que la afiliada goza del derecho a contar con el equipamiento adecuado para el tratamiento de su afección, teniendo en cuenta que su uso fue prescripto por una médica especialista en la materia, en tanto que la demandada no demostró, ni siquiera mínimamente, que el modelo recetado por la profesional tratante no fuera el adecuado para el tratamiento de la patología de la actora.


“G., E. L. c. IOMA s/ Amparo”, Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso administrativo Nro. 1 de La Plata, sentencia del 31/05/2004:

Una mujer con diagnóstico de HIV y otras enfermedades como diabetes tipo 2, solicitó ante la Obra Social la cobertura total de distintos medicamentos, como Tenofovir, 3TC, Efiravenz, Atazanavir y Ritonavir. El requerimiento fue denegado por la obra social en virtud que el esquema antirretroviral propuesto para el tratamiento no se encuentra contemplado en las normas vigentes. No obstante ello, el Juez admitió la medida cautelar peticionada por cuanto se advierte que la indicación de las drogas que componen el cóctel retroviral fue indicado en base a los antecedentes clínicos de la paciente, según surge indicado en la historia clínica, por lo que la negativa a la provisión de los mismos la coloca ante una amenaza inminente de grave riesgo en su salud e integridad física.
Por tal razón se resolvió en primera instancia hacer lugar a la pretensión cautelar articulada, obligando al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires a proveer con cobertura integral la totalidad de los medicamentos solicitados y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa.


“A.B. c/ IOMA s/ Amparo”, Juzgado en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Transición de Mar del Plata, sentencia de primera instancia del 23/05/2012:

El actor es jubilado, afiliado a IOMA, padece diabetes tipo 2, realiza continuamente los estudios y tratamientos indicados por los médicos que lo asisten, pese a lo cual la enfermedad avanza tornándose difícil su tratamiento. Debido a una infección que se generó en su pie  a causa de la diabetes, el traumatólogo prescribió la urgente realización de oxigenoterapia, consistente en 10 sesiones de cámara hiperbárica, viéndose afectada su integridad física e incluso la vida en caso de no llevarse a cabo las mismas. Al intentar autorizar la orden médica, la obra social le informa que no cubre tal prestación, siéndole imposible al actor sufragar el tratamiento indicado, por lo que promovió acción de amparo con el patrocinio letrado del Consultorio Gratuito del Colegio de Abogados departamental.

El Juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la acción disponiendo en carácter de medida autosatisfactiva ordenar: 1) Que IOMA cubra el 100 % de las diez sesiones de oxigenoterapia hiperbárica por un monto total de $ 1190, importe que deberá ser abonado a la mayor brevedad al "Centro de Medicina Hiperbárica" sito en la calle … de la Ciudad de Mar del Plata; 2) Cumplidas las diez sesiones, en atención a una interpretación "previsora" de la actividad jurisdiccional y a fin de evitar tramitaciones burocráticas innecesarias, en caso de una eventual continuación del tratamiento, deberá adjuntarse a autos constancia de la indicación médica pertinente a fin de su pronta autorización por el Juzgado.


“Sendoya, Josefina O. c/ Travel Club S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Cámara Nacioanal de Apelaciones en lo Civil, Sala H, sentencia del 04/09/2000: 

La actora promovió una acción civil con el objeto de ser indemnizada  por el daño moral sufrido a raíz de haber sido contratada laboralmente por la empresa demandada y a los dos días resultar despedida por el hecho de tener diabetes infanto juvenil. La empresa negó que el despido haya tenido por causa la enfermedad, sino que se debió –según dijo– a que la actora ocultó esa información en la declaración jurada efectuada en el examen médico preocupacional. El Tribunal, fundándose en el amplio espectro normativo existente protectorio contra los actos discriminatorios, cuyo centro –en este caso concreto– es la ley ley 23.753, que en su art. 2º establece  que "la diabetes no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como en el privado",  hizo lugar a la demanda y condenó a la empresa a abonar una indemnización en concepto de reparación del perjuicio moral infringido a la actora.
Para así decidir el Tribunal estableció que el hecho de que la actora no haya manifestado la existencia de la enfermedad resulta irrelevante, ya que si la ley no considera a la diabetes un obstáculo para el ingreso laboral, no había ninguna necesidad de hacerlo. Además –agregó– mal puede exigirse a una persona que revele un dato que puede ser causa de discriminación, esto es, un dato sensible, pues es obvio que si se dictó una ley para proteger la admisión en los empleos de las personas con diabetes, es justamente porque han sufrido discriminaciones por esa causa, de lo contrario la ley no hubiera sido necesaria.


“Mosqueira, Ricardo M. c. Estado Nacional y otro s/ Amparo”, Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, sentencia del 20/05/2004:

El actor había sido calificado como inepto para ingresar a un instituto de formación profesional de la Prefectura Naval Argentina (Escuela de Suboficiales “Coronel Martín Jacobo Thompson”) por el solo hecho de padecer diabetes tipo 1, por lo que interpuso acción de amparo en contra de tal decisión administrativa.

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción, declaró la inconstitucionalidad del art. 113 del Reglamento de Aptitud física para el ingreso a la Prefectura Naval Argentina y ordenó a dicha Fuerza admitir al amparista. La Prefectura dedujo recurso de apelación. Elevados los autos a la Cámara, ésta confirmó el fallo apelado. Para ello sostuvo que la aplicación de dicho reglamento colisiona con lo establecido por la ley 23.753 en su art. 2°, en cuanto dispone que la diabetes no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como privado. Por lo tanto –explicó el Tribunal– el reglamento no se adecua a las disposiciones de la ley 23.753 que es una norma de superior jerarquía. Aclaró asimismo en los fundamentos de la sentencia, que la intención del legislador ha sido proteger al enfermo de diabetes con-tra actos que lesionen sus derechos por el hecho mismo de la enfermedad, lo cual puede ocurrir tanto en ámbitos laborales como en otros, es decir, que lo que se pretende es evitar que por padecer la enfermedad el sujeto sea excluido de esferas donde pueda desarrollar sus capacidades.

 

 
Potenciado por Gustavo Troisi